Inmigración

Pocos temas separan tanto lo que la gente percibe de lo que dicen los datos, y en pocos se juega tanto con las emociones, en un sentido y en otro. Para no perderte, separa dos cosas que se suelen mezclar: la inmigración irregular (personas que entran o se quedan sin permiso) y la inmigración en general (cuánta gente llega, cómo se integra y qué efectos tiene).

Cuántos son y cómo llegan de verdad

Casi todo el crecimiento de la población viene de la inmigración. Sin ella, España perdería habitantes, porque nacen menos niños de los que muere gente.

La mayoría llega de forma legal, a menudo en avión, desde Latinoamérica, Marruecos o el resto de Europa. Las pateras y los cayucos son la imagen más visible, pero una parte pequeña: en 2025, Interior registró 36.775 entradas irregulares por mar y tierra, un 42,6 % menos que en 2024 (Ministerio del Interior, informe de inmigración irregular, datos a 31 de diciembre de 2025).

Además, muchos irregulares no entran a escondidas. Llegan como turistas y se quedan cuando caduca su permiso.

Dos asuntos concretos marcan la campaña:

• La regularización extraordinaria de 2026, es decir, dar papeles de golpe a quien ya vivía aquí sin ellos. Recibió 1,17 millones de solicitudes; a junio, 159.097 personas se habían dado de alta en la Seguridad Social.
• Los menores que llegan solos. Canarias y Ceuta reciben a la mayoría y piden que las demás comunidades acojan a una parte. Por ese reparto, Vox salió en 2024 de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

Por qué España atrae inmigrantes

España envejece y tiene empleos que cuesta cubrir: campo, cuidados, hostelería, construcción. La lengua y los lazos históricos facilitan la llegada desde Latinoamérica. Y la geografía la convierte en la frontera sur de Europa, a pocos kilómetros de África.

Dos miradas que chocan (y a veces se mezclan)

Las dos miradas no se excluyen del todo. Se puede pensar que la inmigración es necesaria y que debe ser más ordenada. O que debe reducirse y que quien ya trabaja aquí debe tener papeles.

Lo que dicen los datos, aunque incomoden

Empleo y pensiones. Los inmigrantes son una parte creciente del empleo y de quienes cotizan. Buena parte del récord de afiliados a la Seguridad Social se debe a trabajadores extranjeros.

Sueldos. La mayoría de estudios encuentran efectos pequeños en promedio. Pueden ser mayores en los empleos peor pagados, donde se compite más directamente con los recién llegados.

Delincuencia. Es de los debates más manipulados, en los dos sentidos. Los datos oficiales dicen dos cosas a la vez: la gran mayoría de los condenados son españoles, y en proporción a su población los extranjeros son condenados más a menudo.

¿De dónde sale esa diferencia? En parte, de que la población extranjera es más joven y más masculina, dos rasgos que se asocian a más delito en cualquier grupo, también entre españoles.

Un estudio publicado en 2026 en la revista del CIS, con datos de 2007 a 2023, concluye que la diferencia «se reduce en gran medida» al comparar personas de la misma edad y sexo, y que varía mucho según el país de origen (Sánchez Barricarte, REIS n.º 195). Quienes alertan sobre el tema subrayan la parte de la diferencia que no desaparece. Quienes lo relativizan, que no se debe a la nacionalidad sino a la edad, la renta y otras circunstancias.

La «prioridad nacional»: qué es y dónde choca

Es la propuesta de Vox de dar preferencia a los españoles en vivienda protegida y ayudas sociales. El choque legal es este: la Constitución y las leyes europeas prohíben discriminar por nacionalidad a los extranjeros con residencia legal.

Muchos juristas consideran que excluir a alguien de una ayuda solo por ser extranjero no encaja en ese marco. Otros discrepan sobre hasta dónde se puede llegar.

Por eso, donde PP y Vox la han pactado, no se aplica por nacionalidad, sino exigiendo muchos años de empadronamiento (estar inscrito como vecino en un municipio). Por ejemplo, el acuerdo de gobierno de PP y Vox en Andalucía (julio de 2026) prevé exigir un «empadronamiento histórico en Andalucía y España» de al menos 10 años para comprar vivienda protegida y 5 para alquilarla (texto del acuerdo, publicado por El Debate).

Aún tiene que concretarse en una norma, y de cómo se redacte depende a quién afecta. Si se exigen esos años en la propia comunidad, también quedarían fuera españoles que se han mudado hace poco.

Sus defensores dicen que premia el arraigo: tiene preferencia quien más tiempo lleva contribuyendo. Sus críticos, que es discriminación disfrazada. La última palabra la tendrán los tribunales.

Si quieres profundizar, hay un análisis jurídico de la prioridad nacional que repasa los argumentos de ambos lados.

Lo que el Gobierno no decide solo

La inmigración, las fronteras y los permisos de residencia son competencia del Estado. Pero la sanidad, la educación, los servicios sociales y la tutela de los menores que llegan solos dependen de las comunidades. Y para expulsar a alguien, su país de origen tiene que aceptarlo.

Además, buena parte de la política migratoria se decide en Bruselas. Desde 2026 se aplica el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con tres piezas:

• Reglas comunes para registrar y examinar en la frontera a quien llega de forma irregular.
• Procedimientos más rápidos para quien tiene pocas opciones de obtener asilo.
• Un sistema de solidaridad: los países con menos llegadas deben ayudar a los de primera línea, como España, acogiendo personas o aportando dinero.

Qué propuestas chocan con la realidad

En un extremo, un «bloqueo naval» tropieza con el derecho del mar y la obligación de rescatar a quien está en peligro. Las expulsiones masivas requieren acuerdos con los países de origen, y muchos no los aceptan.

En el otro extremo, regularizar a todos sin condiciones chocaría con el marco europeo de fronteras que España comparte. Las propuestas intermedias (visados según las necesidades de empleo, contratación en origen, reparto de menores) dependen sobre todo de acuerdos con comunidades, otros países y la UE.

Qué propone cada partido

Dentro de cada bloque hay grados. A la derecha, el PP propone ordenar y limitar; Vox, reducir y devolver. A la izquierda, el PSOE combina regularización y control; Frente Amplio y Podemos piden regularizar de forma más amplia. Ningún partido ha calculado el coste de sus propuestas.